Fuente y video: TeleDoce
El caso fue representado por la Dra. Biscarra y finalizó con una sentencia favorable para la familia del fallecido, con una indemnización millonaria de parte del Ministerio del Interior.
El policía le disparó varias veces y según el expediente luego se infringió heridas y alegó que el homicidio fue en “legítima defensa”.
En enero del 2012, Antonio Saldaña, de 60 años, fue asesinado por un policía en un procedimiento mientras estaba en su casa.
Los efectivos acudieron al lugar ubicado en Cerro Ejido, en la periferia de la ciudad de Artigas, por una denuncia de violencia doméstica en contra del hijo de Saldaña.
Tras un confuso episodio, uno de los efectivos intervinientes en el procedimiento, sacó el arma de reglamento y disparó dos veces al pecho de la víctima, que falleció en el momento.
El policía que hirió de muerte a Saldaña, alegó legítima defensa. Sin embargo la justicia determinó que las heridas que tenía el policía se las hizo él mismo.
Tenía cortes en la cara y varios golpes. En una filmación aportada por un vecino a la justicia se ve al policía segundos después del homicidio, sin ningún daño ni herida.
«Rápidamente se pudo comprobar que no existió ninguna legítima defensa por parte del funcionario policial, sino que había sido un procedimiento muy irregular llevado a cabo contra una persona que no era la denunciada, porque acuden por una denuncia contra el hijo de él, un hombre mayor de edad. El procedimiento terminó con mi cliente muerto», explicó la abogada.
El efectivo policial fue dado de baja y condenado penalmente por homicidio y simulación de delito.
La víctima tenía antecedentes penales y había cumplido condena en reiteradas oportunidades en la cárcel de Artigas, donde indican que llevaba una mala relación con varios policías.
A raíz de esto la familia de Antonio Saldaña inició una demanda civil contra el Ministerio del Interior, solicitando aproximadamente 1 millón de dólares. En las últimas horas se conoció que la sentencia favorece a la familia en un importe inferior al pedido.
En primera instancia se resolvió el resarcimiento por alrededor de 500 mil dólares pero la abogada de la familia comunicó que va a apelar porque no están conformes.
El Ministerio del Interior, que constitucionalmente es responsable por el accionar de la Policía, también apelará la sentencia de primera instancia.